El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha declarado públicamente que solo entregará el poder a un sucesor que sea «chavista y revolucionario», afirmando que no cederá el control del país a ningún opositor. Este anuncio se produce en medio de la controversia por la orden de arresto emitida contra el líder opositor Edmundo González Urrutia, quien es acusado de varios delitos, entre ellos, instigación a la desobediencia y conspiración. La oposición y numerosos países, incluyendo Estados Unidos, han rechazado esta orden, calificándola como un acto de persecución política tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que González habría ganado según la oposición.
Maduro ha desestimado las críticas internacionales y ha proclamado su victoria en las elecciones, a pesar de que la oposición presentó actas electorales que supuestamente demuestran que González obtuvo la mayoría de los votos. El régimen venezolano, apoyado por un Tribunal Supremo afín, certificó la victoria de Maduro, calificando como falsas las evidencias presentadas por la oposición. Este conflicto ha desatado una nueva ola de tensión en la región, con varios países latinoamericanos emitiendo declaraciones de condena y exigiendo que se respeten los principios democráticos y los derechos humanos en Venezuela.
Además de las tensiones políticas, Maduro ha sorprendido al país al anunciar el adelanto de la Navidad al 1 de octubre, en un gesto que parece destinado a distraer la atención de la crisis política y económica que atraviesa Venezuela. Este anuncio se da apenas horas después de que Estados Unidos incautara un avión de Maduro en República Dominicana, lo que agrava aún más las relaciones entre ambos países. La medida de adelantar las festividades navideñas también ha sido vista como una estrategia para intensificar la distribución de ayudas y bonos por parte del régimen en un momento de alta conflictividad social.
