Lo que era un problema heredado del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se ha convertido en un tema central del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien manifestó que, como legado, dejará en “clausura definitiva” los terrenos de la estadounidense Vulcan Materials en Quintana Roo.
El conflicto inició el 3 de septiembre de 2018, cuando Vulcan anunció que tenía intención de someter una reclamación a arbitraje en contra del gobierno de México, con base en la Sección B del Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Vulcan Materials es una compañía dedicada a la extracción de piedra caliza que desde la década de los 80 adquirió terrenos en el municipio de Solidaridad, muy cerca de Playa del Carmen, para la explotación del suelo. En ese entonces, se llamó Calica por su inicial asociación con la constructora mexicana ICA y después cambió su nombre a Sac-Tun, que en lengua maya significa “piedra blanca”.
La compañía posee los predios de La Rosita, donde extrae y procesa piedra desde 1987; El Corchalito y La Adelita, que aunque están designados para la extracción de piedra caliza y regulados por dos autorizaciones de impacto ambiental, una estatal y otra federal, en ese momento no extraían materiales. Además, cuenta con el puerto de Punta Venado, desde donde exporta la piedra caliza a Estados Unidos, una terminal que construyó y operaba con una concesión válida hasta 2037.
El anuncio de Vulcan de que presentaría una reclamación ante el tribunal de arbitraje del TLCAN derivó de su inconformidad con decisiones de las autoridades locales y federales, entre ellas, el gobierno municipal de Solidaridad, el gobierno estatal de Quintana Roo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Administración Portuaria Integral del Estado de Quintana Roo (APIQROO), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN). Vulcan alegaba un supuesto incumplimiento de dos acuerdos firmados en 2014 y 2015 con estas autoridades, por lo que reclamó la omisión de la autoridad local de modificar el Programa de Ordenamiento Ecológico de 2009 que le impedía operar uno de sus predios, la clausura parcial de otro de sus predios por parte de la PROFEPA y el supuesto cobro ilegal de tarifas en la concesión del puerto.
El 3 de diciembre de 2018, dos días después de que inició el sexenio de López Obrador, la empresa presentó la notificación del arbitraje. Entre 2019 y 2021, el trámite avanzó prácticamente en silencio, hasta que el presidente comenzó a mencionar el tema en enero de 2022.
El 18 de mayo de 2020, la Secretaría de Economía recibió el Memorial de Demanda de Vulcan, en la que se argumenta que México violó los artículos 1103 y 1105 del TLCAN, titulados Trato de Nación Más Favorecida y Nivel Mínimo de Trato, respectivamente. En ese entonces, la compañía demandaba una compensación de más de 1500 millones de dólares, más intereses y costas. El 23 de noviembre de 2020, México presentó su Memorial de Contestación de Demanda, Vulcan presentó réplica el 22 de febrero de 2021 y México respondió el 24 de mayo de 2021. Entre el 26 y el 30 de julio de 2021, se celebró la audiencia ante el Tribunal Arbitral.
El 31 de enero de 2022, el presidente López Obrador mencionó por primera vez el caso del arbitraje internacional promovido por la empresa. “Como no se les amplió la concesión porque estaban incumpliendo, bueno, violando, destruyendo el territorio, se fueron a una denuncia internacional, y están pidiendo una indemnización…”, expresó. “Esa es la mina y aquí está el barco ─dijo, mostrando imágenes aéreas─, pero esto, toda esta costa es azul turquesa. Bueno, en esa mina, que es una de las propuestas que les estamos haciendo, como ya escarbaron, el agua aquí es turquesa por la piedra, entonces, con un poco de imaginación y de talento se podría utilizar como zona turística, casi albercas naturales, buscando un acuerdo, pero que ya no se siga destruyendo y que retiren su demanda, porque no tiene fundamento legal”, añadió.
Entonces, comenzó la defensa pública de Sac-Tun mediante un comunicado en el que aseguró que “a lo largo de múltiples años, la compañía ha cumplido con los diferentes ordenamientos y el marco regulatorio relacionado con la actividad extractiva en los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal–, lo que permitió que se emitieran y renovaran diversos permisos aplicables a su operación en México”.
El 8 de marzo de 2022, el CEO de Vulcan Materials Company en México, Tom Hill, visitó por primera vez al presidente Andrés Manuel López Obrador para conversar sobre el futuro de los terrenos de la compañía en Quintana Roo. El 21 de marzo de ese año, Tom Hill fue invitado especial a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), lo que constituyó una segunda reunión con el mandatario mexicano.
El 20 de abril, López Obrador planteó tres posibles escenarios para resolver el conflicto: pelear un arbitraje internacional, para lo cual México solicitará ayuda a la ONU y a organismos internacionales; alcanzar un acuerdo con la empresa para que los cuatro predios se conviertan en un parque turístico, incluyendo el puerto para la llegada de cruceros; y que el Gobierno de México compre los terrenos a la empresa al valor que determine un avalúo.
El 22 de abril, el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que había acuerdos con la empresa: se le permitió exportar el material ya extraído y se le otorgó a la compañía un permiso de exportación de aduanas. En un comunicado, el directivo aseguró que la compañía estaba en total disposición de “suministrar los materiales de construcción necesarios para la construcción del Tren Maya y otros proyectos de infraestructura y a poner a disposición la capacidad portuaria para la transferencia de materiales de construcción relacionados con el tren”. Además, informó que se encontraban dispuestos a adaptar su plan minero para permitir el desarrollo y la construcción, con el tiempo, de un proyecto de ecoturismo a gran escala, como lo sugería López Obrador, dentro de los terrenos propiedad de la compañía “siempre y cuando la compañía pueda continuar abasteciendo a sus clientes”. Incluso, dijo que el desarrollo del proyecto ecoturístico podría comenzar inmediatamente en ciertas áreas del terreno propiedad de Vulcan, cuyas reservas ya se habían agotado. Asimismo, se dijo listo “para explorar una ampliación de la terminal marítima de Punta Venado para recibir embarcaciones de pasajeros, carga y navales en los próximos años”.
Pese a los mensajes del CEO de la compañía estadounidense y de las continuas conversaciones entre funcionarios mexicanos con los directivos de la compañía, los mensajes contra la empresa en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador continuaron.
