El gobernador de California, Gavin Newsom, aprobó la asignación de US$ 50 millones para proteger las políticas estatales y brindar apoyo legal a inmigrantes ante los desafíos de la administración Trump. De estos fondos, US$ 25 millones se destinarán al Departamento de Justicia de California para enfrentar disputas legales con el gobierno federal, mientras que otros US$ 25 millones apoyarán a grupos legales que defienden a inmigrantes en riesgo de deportación.
California ha tenido un historial de enfrentamientos con la administración Trump en temas de medioambiente, inmigración y derechos civiles, habiendo presentado más de 120 demandas durante su primer mandato. Con su regreso a la presidencia, el estado busca reforzar su defensa legal y garantizar la protección de sus políticas. Sin embargo, legisladores republicanos critican la medida, argumentando que los fondos deberían priorizar la recuperación de los incendios en Los Ángeles en lugar de destinarse a batallas legales.
Newsom aseguró que estos recursos ayudarán a salvaguardar los derechos de los residentes más vulnerables de California y aclaró que no están destinados a la defensa de personas con antecedentes criminales graves. También instó a los legisladores a aprobar medidas adicionales si es necesario especificar el uso de los fondos. Con esta decisión, California reafirma su postura de resistencia ante las políticas federales que considera perjudiciales para sus ciudadanos.
