El gobierno de Ecuador autorizó la instalación de una base militar estadounidense en las Islas Galápagos, como parte de los tratados de cooperación firmados en febrero de 2024. Esta decisión, que permitirá la llegada de buques, armamento y personal de Estados Unidos, busca fortalecer la seguridad en la región insular, combatiendo actividades ilícitas como el narcotráfico y la pesca ilegal. Sin embargo, la medida ha generado una fuerte controversia debido al estatus de las islas como Patrimonio Natural de la Humanidad y su ecosistema único.
Los tratados establecen que Estados Unidos podrá operar sin restricciones fiscales y con privilegios diplomáticos, similares a los de una embajada. Mientras el gobierno argumenta que habrá controles ambientales, organizaciones sociales y ambientalistas denuncian que la militarización podría violar el artículo 258 de la Constitución ecuatoriana, que protege a las Galápagos bajo principios estrictos de conservación. Además, critican la falta de consultas con las comunidades locales y advierten sobre los riesgos para el delicado equilibrio ecológico del archipiélago.
La decisión también recuerda acuerdos históricos como la base militar en Manta, cerrada en 2009 bajo el mandato de Rafael Correa, y se produce en un contexto donde la reforma constitucional que busca eliminar la prohibición de bases extranjeras aún está pendiente de debate en el Parlamento. Activistas alertan que esta medida podría tener consecuencias irreversibles para uno de los ecosistemas más frágiles y únicos del planeta.
