El Senado de México aprobó, con 94 votos a favor y 34 en contra, una reforma constitucional que amplía los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, incluyendo extorsión, producción de fentanilo y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada y el tráfico de sustancias químicas. La reforma modifica el artículo 19 de la Constitución y ahora será remitida a las legislaturas locales para su ratificación, requiriendo la aprobación de al menos 17 de las 32 entidades federativas para entrar en vigor.
La nueva medida cautelar también abarcará delitos graves relacionados con la salud, contrabando y falsificación de documentos fiscales. A pesar de su aprobación en el Senado, el PRI y otros partidos de oposición se mostraron en contra, citando preocupaciones sobre la violación de derechos humanos, específicamente la presunción de inocencia, ya que la prisión preventiva oficiosa podría aplicarse de forma más generalizada. El Congreso tiene 180 días para armonizar la legislación secundaria, y los estados dispondrán de un año para realizar las adecuaciones normativas necesarias.
