La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una reforma energética que busca revertir la apertura del sector energético a la inversión privada, realizada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La propuesta, que se discute en la Cámara de Diputados, pretende que Pemex y la CFE dejen de ser catalogadas como “empresas productivas del Estado” para pasar a ser empresas públicas con el objetivo principal de ofrecer servicio público y no competir con el sector privado.
Sheinbaum argumenta que la reforma fortalecerá a ambas compañías al enfocarlas en la productividad y eficiencia sin la necesidad de competir con las empresas privadas bajo leyes mercantiles. Además, establece que la CFE controlaría el 54% de la generación eléctrica, mientras que el 46% restante sería operado por privados, pero la prioridad en la distribución de energía recaería en la CFE, incluso por encima de energías más limpias y eficientes de particulares.
A pesar de las críticas de la oposición y el escepticismo de los inversionistas, Sheinbaum promete que la reforma permitirá una mejor planificación energética con reglas claras para la participación privada, mientras continúa con el rescate de Pemex y CFE, que han registrado significativas pérdidas en el primer semestre de 2024.
