A medida que Nicolás Maduro se prepara para asumir su tercer mandato presidencial, Venezuela enfrenta un ambiente de miedo y represión. El Gobierno ha incrementado la presencia militar y policial en las calles, deteniendo a líderes opositores y activistas de derechos humanos en una aparente estrategia de «decapitación política». Las detenciones incluyen al yerno de Edmundo González, candidato opositor que asegura haber ganado las elecciones, y a Carlos Correa, un destacado defensor de los derechos humanos.
González, reconocido por el Gobierno de Estados Unidos como presidente legítimo, ha prometido regresar a Caracas antes de la investidura, a pesar de ser acusado de terrorismo y tener una recompensa en su contra. Su regreso podría desencadenar enfrentamientos, ya que la oposición planea protestas masivas lideradas por María Corina Machado, quien insta a los venezolanos a desafiar al Gobierno a pesar de los riesgos.
El despliegue de fuerza por parte del régimen incluye un control militar estricto en las principales ciudades y carreteras. Las autoridades justifican estas medidas como prevención contra supuestas amenazas externas, pero hasta ahora no han presentado evidencia concreta. Organizaciones internacionales y diplomáticos advierten que esta demostración de poder refleja el temor del Gobierno a la disidencia, incluso dentro de sus propias filas.
Mientras tanto, las familias venezolanas viven con miedo constante a las detenciones arbitrarias. Historias como la de Nathaly, cuyo hijo adolescente fue encarcelado tras protestar, evidencian el impacto de estas medidas en la vida cotidiana. Este clima de incertidumbre y represión mantiene al país en una constante lucha entre la esperanza de cambio y el temor a represalias.
