El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha demandado al Departamento de Justicia por 100 millones de dólares, argumentando que la redada y registro realizados en 2022 en su residencia de Mar-a-Lago, con el fin de confiscar documentos clasificados llevados de la Casa Blanca, fueron inconstitucionales y tenían como objetivo dañar su reputación.
La demanda, presentada bajo la Ley Federal de Demandas por Agravio (FTCA), alega que la redada refleja una «intencionalidad de persecución política» en contra del exmandatario, quien fue investigado y acusado de retener ilegalmente documentos confidenciales. Sin embargo, el caso fue desestimado el 15 de julio por la jueza Ailenn Cannon, designada por Trump durante su presidencia, y se encuentra actualmente en proceso de apelación.
La jueza sostuvo que el fiscal especial encargado de la investigación, Jack Smith, no fue designado legalmente, lo que violaría la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos. La demanda de Trump, presentada la semana pasada según varios medios, describe el registro como un «acto ilícito» por parte del gobierno.
La querella se centra en el allanamiento del FBI en Mar-a-Lago en agosto de 2022, como parte de la investigación federal sobre la retención indebida de documentos confidenciales. Posteriormente, Smith presentó 37 cargos criminales contra Trump, incluyendo retención deliberada de información de defensa nacional, conspiración para obstruir la justicia y declaraciones falsas, de los cuales Trump se declaró «no culpable».
El Departamento de Justicia tiene 180 días para responder a la demanda. Trump’s legal representative, Epstein, stated on Fox News that the former president is «not only defending himself, but all Americans who believe in the rule of law and holding the government accountable.»
La demanda concluye que «los actos ilícitos contra el presidente (Trump) tienen su raíz en el procesamiento malicioso y abuso de proceso» relacionados con la redada en su residencia en Palm Beach.
