Decenas de menores de edad en El Salvador han sufrido detenciones arbitrarias, torturas y golpizas durante los dos años del estado de emergencia implementado por autoridades para combatir a las pandillas, señaló el martes un informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).

De acuerdo con el reporte de HRW, con sede en Nueva York, soldados y policías han detenido a 3,319 niños, niñas y adolescentes entre marzo de 2022 (cuando empezó el estado de emergencia) y abril de 2024.
«Muchos niños que han sido arrestados y detenidos no tenían ninguna conexión aparente con la actividad de las pandillas», dijo HRW en su informe, elaborado con entrevistas a más de 90 personas.
«Esos arrestos parecen estar basados en la apariencia física y las condiciones socioeconómicas de los menores, más que en evidencia creíble y sólida», agregó la organización, asegurando que muchos de los menores detenidos durante el estado de emergencia vivían en zonas de bajos ingresos.
Además, HRW documentó los casos de 66 menores de edad que fueron sometidos a abusos, entre ellos, detención arbitraria, tortura y acoso policial. Ya detenidos, los menores sufrieron hacinamiento y fueron privados de alimentación adecuada, atención médica y contacto familiar.

«Las autoridades han tomado pocas medidas, o ninguna, para proteger a los niños de la violencia por parte de otros detenidos, incluidas palizas y agresiones sexuales», dijo HRW. El gobierno salvadoreño no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Desde marzo de 2022, El Salvador está bajo un régimen de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales y que ha logrado reducir drásticamente el número de homicidios, convirtiendo a El Salvador en uno de los países más seguros de América.

La polémica medida, que le granjeó altos niveles de popularidad al presidente Nayib Bukele para que en febrero lograra su reelección, ha permitido detener a más de 80,500 personas hasta el 6 de junio.
Pero también ha sido fuertemente criticado por organismos defensores de derechos humanos, que aseguran que se ha producido una «alarmante regresión» de las garantías constitucionales en el país más pequeño de Centroamérica.

El informe de HRW también encontró que más de mil niños y adolescentes han sido condenados con penas de cárcel de hasta 12 años por delitos definidos de forma general como integrar «agrupaciones ilícitas», en juicios con violaciones al debido proceso y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados u obligados a realizar confesiones falsas.