A más de 13 años del hallazgo de las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, las familias centroamericanas siguen sospechando que la antigua Procuraduría General de la República (PGR) les entregó cuerpos que no eran los de sus seres queridos. En marzo de este año, lograron la exhumación de cinco cuerpos y están a la espera de los resultados.

“Cinco familiares de esta masacre, ocurrida en 2010, recibieron los féretros de sus seres queridos sellados, con la prohibición de abrirlos”, explicó la abogada Rosmery Jax, coordinadora de la Fundación para la Justicia en Guatemala.

Las familias habían solicitado la exhumación desde 2017, pero solo ahora se ha concretado, enfrentando una afrenta adicional. “Es a las familias a quienes se les ha exigido cubrir los gastos funerarios. Se les ha pedido que sean ellas las que paguen los féretros”, añadió la abogada.

Los temores de las familias tienen fundamento. La comisión forense, compuesta por peritos de la antigua PGR y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), descubrió que no se habían presentado las garantías necesarias para la identificación de los cuerpos y recomendó la exhumación.

Al menos un caso ha sido confirmado en el que una familia guatemalteca veló, enterró y lloró un cuerpo que no era el de su familiar. Se trata del joven Jovanny, de 17 años, asesinado junto a 195 migrantes de diversas nacionalidades en 2011. En ese año, los Servicios Periciales de la PGR identificaron su cuerpo y supuestamente lo entregaron a su familia en marzo de 2012. Sin embargo, el EAAF descubrió en 2014 que repatriaron el cuerpo equivocado.

“Por los códigos que también se encontraban en los cuerpos, lograron verificar que el cuerpo de Jovanny nunca salió del Semefo de Ciudad de México”, explicó la abogada Rosmery Jax a MILENIO.

La notificación formal al gobierno de Guatemala se realizó en 2015, pero la familia fue informada hasta 2019. A la fecha, el cuerpo de Jovanny sigue en México. Durante todo este tiempo, la familia de Jovanny ha evitado declaraciones públicas por temor a ser estigmatizada en su comunidad. La única idea de lo que han vivido proviene de una dramatización hecha por la poeta kaqchiquel Negma Coy.

«Pasaron años, y luego vinieron otros licenciados a decirme que no, que en esa caja no estaba mi Jovanny, que mi niño estaba solito en una morgue. Por lo menos ya no estaba en un hoyo. Pero entonces, ¿a quién le lloré tanto en la tumba que llevaba su nombre?», expresó la madre de Jovanny a través de la dramatización.

La abogada Rosmery Jax lamentó la revictimización sufrida por la familia de Jovanny. “La familia está desgastada, decepcionada y completamente desconfiada de las autoridades. Está muy molesta”, advirtió.

Desde 2011, cuando Mariela Morales era titular de la PGR, el caso ha sido manejado por procuradores como Jesús Murillo Karam, Arely Gómez, y Arturo Elías Beltrán, antes de la creación de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero.