La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares establece multas de hasta 320 mil días de salario mínimo (equivalente a 18 millones de pesos) para quienes instalen cámaras de seguridad que graben espacios públicos y difundan las imágenes sin autorización. Esta medida busca proteger la privacidad de las personas, independientemente de si las grabaciones capturan actos delictivos o a simples transeúntes.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aclaró que para evitar estas sanciones, los propietarios deben colocar avisos visibles informando que el área está siendo grabada y asegurarse de que las cámaras apunten exclusivamente hacia el interior de sus propiedades. Difundir imágenes captadas en áreas públicas es la principal causa de estas sanciones.
Las autoridades subrayan que la normativa no prohíbe el uso de cámaras, pero sí regula su instalación y uso, especialmente en zonas que puedan comprometer la privacidad de terceros. Cumplir con los requisitos legales evitará multas significativas y garantizará que las medidas de seguridad sean compatibles con las leyes vigentes.
Este tipo de regulaciones refuerzan la importancia de equilibrar la seguridad personal con el respeto a los derechos de privacidad en México, especialmente en 2025, año en que esta ley será ampliamente aplicada.
