México ha implementado una nueva estrategia para disolver las caravanas migrantes que salen desde Tapachula con destino a la frontera norte. En lugar de permitir que los migrantes lleguen a Ciudad de México, el gobierno ofrece visas humanitarias a cambio de que los migrantes acepten ser trasladados en autobuses a puntos lejanos como Guerrero, Michoacán y Yucatán. Esta medida busca reducir la presión migratoria hacia la frontera con Estados Unidos, una prioridad discutida recientemente en conversaciones entre las autoridades mexicanas y la administración de Donald Trump.
A pesar de los esfuerzos de México por controlar el flujo migratorio, la situación sigue siendo compleja. Más de 925,000 migrantes han ingresado irregularmente al país en lo que va del año, lo que representa un incremento significativo con respecto al año anterior. Aunque la estrategia de traslado parece funcionar para disuadir las caravanas, las condiciones para los migrantes siguen siendo difíciles. La falta de recursos, los largos tiempos de espera para obtener citas de asilo en EE. UU. y los riesgos del crimen organizado continúan impulsando a miles de personas a seguir su ruta, a menudo sin la ayuda del gobierno mexicano.
Expertos en migración critican que, si bien México está intentando controlar los flujos migratorios, la política de “desgaste” aplicada por el gobierno no aborda de manera integral las necesidades de los migrantes, como el acceso a trabajo, salud y educación. Además, la presión de Estados Unidos y la falta de acuerdos de repatriación complican aún más la situación. A medida que se acerca el fin de año, se prevé que el número de migrantes que intenten llegar a la frontera norte de México aumente significativamente.
